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Canarias 5 de Junio de 2010
¿Qué podemos esperar la clase trabajadora
de la reforma laboral?
Todos los trabajadores y trabajadoras de este país tendremos
que permanecer atentos al día 16 de Junio de 2010, fecha mencionada
por el Presidente de Gobierno para poner en marcha “la reforma laboral”,
con o sin acuerdo entre las partes, patronal y sindicatos.
La USO-CANARIAS ha venido observando como en los últimos tiempos,
nos referimos a las últimas semanas, se ha venido reclamando desde
distintos “perros” el mismo “collar”. Para salir de la crisis es necesario
hacer una reforma laboral en profundidad que abarate para el empresario los costes de los puestos de trabajo, tanto en el momento de contratar como en el de despedir, amén de abaratar costos salariales y sociales. Para salir de la crisis es necesario acabar con el poder sindical y para ello nada mejor que terminar de una vez por todas con la negociación colectiva de ámbitos superiores a la empresa. Estas dos premisas contratos, salarios y despidos más baratos y dejar la negociación solo a nivel de empresa, han venido siendo las reivindicaciones más solicitadas por el capitalismo desde que el mundo es el “capital”.  Los adalides que defienden estas propuestas son varios, incluso muchos, pero no contrapuestos: El FMI (Fondo Monetario Internacional); el BCE (Banco Central Europeo); La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); El BE (Banco España); los distintos clubs de los G (G-6, G-7, G-20, G-25… ); La ristra de institutos económicos, agencias de calificación, centros de estudios “sociales”… todos ellos financiados desde los centros más ortodoxos del capitalismo, las grandes empresas y la banca; Todos los anteriormente citados, y seguro que algunos otros que nos dejamos en tintero, junto a los altavoces oficiales de demasiados medios de comunicación han lanzado, insistido, repetido, reiterado… hasta la saciedad de la necesidad de una reforma laboral profunda con los contenidos anteriormente citados.

Desde USO-CANARIAS estamos de acuerdo que el principal problema del mundo capitalista en general, de España de forma muy particular y de Canarias especialmente es el desempleo. Pero no estamos para nada conforme con el sentir expresados por los anteriormente citados, de que la única forma de afrontarlo es despidiendo más barato y terminando con los sindicatos en los ámbitos superiores a la empresa. Esta demostrado, recientemente e históricamente, que si el capital campa a sus anchas por las llanuras de la economía, sin ningún tipo de regulación, lo único que podemos esperar es que se coman todo el pasto, acaben  con los acuíferos, las llenen de residuos y finalmente, las abandonen en busca de nuevas y fértiles praderas a las que esquilmar. El empresariado, el capital a fin de cuentas, solo desea el control absoluto de su empresa. La creación de puestos de trabajo para ellos solo tiene su razón de ser en “su” necesidad de producir más para ganar más. Jamás le han dado al trabajo ningún carácter “social” de reparto de responsabilidades y también, como no, de reparto de la riqueza. Ante “depredadores” tan pertinaces, las organizaciones que representamos a la clase trabajadora, tenga esta trabajo o esté en el paro, no debemos permitir, si podemos, que aprovechen la actual coyuntura económica para adueñarse de todas las parcelas del mundo del trabajo. Si no peleamos este momento, estamos permitiendo que el capitalismo más montaraz, aquel de que “en mi empresa mando yo” y “agradecidos me tenían que estar por dejarles beber agua” imponga sus tesis. Al desempleo se le vence por la vía de la creación de empresas productivas, tanto para los empresarios como para los trabajadores, con un justo reparto de la riqueza entre el capital y el trabajo, con formación profesional actualizada, con participación de todos en las tomas de decisiones, con reglas de juegos claras y equitativas que eviten los abusos de poder y una reforma laboral debe contemplar también estos aspectos. Apostamos que la que verá la luz el día de 16 no contendrá ninguno de los mencionados, pero rebajará, por decreto, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, parados o empleados.