Ayuntamiento de Arona
Arona 26 de Febrero de 2010
La Comisión Técnica acepta la propuesta del Gobierno para la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Arona
En las próximas semanas tres grupos de trabajo estudiarán las funciones específicas que tendrán los servicios comunes generales.
La Comisión Técnica de Coordinación para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que preside la viceconsejera de Justicia y Seguridad, Carolina Déniz, ha aceptado la propuesta que ha elaborado el Gobierno de Canarias para la implantación de este nuevo sistema funcional y organizativo, que se inicia en los partidos judiciales de Arona y Arrecife.
En este sentido, y para profundizar en las características y funciones que tendrán los Servicios Comunes Generales, se ha acordado crear tres grupos de trabajo para definir al máximo detalle "las funciones y organización del Servicio Común Procesal, el de Ordenación del Procedimiento y el de Ejecución", informó Déniz.
Como se recordará la implantación de la nueva Oficina Judicial supondrá la restructuración de los actuales juzgados para dar paso a la creación de unidades y servicios comunes que puedan servir de apoyo a la labor jurisdiccional y a los Secretarios judiciales, que asumen nuevas competencias en la tramitación de los procedimientos.
Además de los estudios que se realizarán sobre los Servicios Comunes, se hará un propuesta sobre las características que deben tener las Unidades Procesales de Apoyo Directo , que son las que asisten directamente a Jueces y Magistrados, para establecer, además, los mecanismos de relación con los mencionados servicios.
Con estos resultados tanto los Servicios Comunes como las Unidades de Apoyo Directo se adaptarán a la realidad de los partidos judiciales de Canarias, y se implantarán de manera progresiva.
A la reunión asistieron, entre otro técnicos, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María Dolores Alonso; la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), María Eugenia Calamita; los secretarios coordinadores de Tenerife, Lanzarote y La Palma, y Las Palmas; representantes de las organizaciones sindicales y dos magistrados, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tal y como se acordó en la última Comisión Mixta entre el Gobierno y el TSJC.
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