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Tenerife 27 de Febrero de 2010
Concedidas más de 300 ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género en 2009
El IASS y el Instituto Canario de la Mujer destinaron 110.000 euros a cubrir las necesidades básicas de este colectivo.
El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), concedió un total de 319 ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género durante 2009. El IASS y el Instituto Canario de la Mujer (ICM) destinaron más de 110.000 euros a cubrir las necesidades básicas de este colectivo y al pago de facturas.
El proyecto de Ayudas Económicas Individuales de Emergencia para mujeres víctimas de violencia de género tiene como objetivos: atender aquellas situaciones de extrema necesidad presentadas por mujeres víctimas de violencia de género, contribuir, eventual y complementariamente, a cubrir gastos derivados de desplazamiento, alojamiento o alquiler de las mujeres solicitantes y de las personas que de ella dependan, atender situaciones especiales y urgentes de emergencia social de las mujeres que así lo soliciten y favorecer la independencia económica de las mujeres víctimas de violencia de género una vez que abandonan al agresor.
Del total de ayudas concedidas el 43 por ciento correspondían a cubrir necesidades básicas (alimentos, agua, luz, higiene y vestimenta), el 42 por ciento a necesidades alojativas (pago del alquiler) y el resto a necesidades de transporte, sanitarias, formativo-laborales, escolares y jurídicas.
La mayoría de las mujeres que se beneficiaron de estas ayudas son españolas (75 por ciento) de entre 19 y 55 años que residen en el área metropolitana (con 127 ayudas). En el 41 por ciento de los casos son mujeres solteras en situación de desempleo con al menos un hijo.
Desde la Unidad Orgánica de Violencia de Género del IASS se explica que “con la implantación de esta bolsa económica se ha conseguido dar respuesta a situaciones puntuales y concretas de numerosas usuarias que no han podido dar cobertura a sus necesidades económicas a través de otra administración pública, evitando ingresos en los recursos alojativos especializados de la red insular, y el consiguiente desarraigo que eso ocasiona a la unidad familiar de convivencia”.
