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Guía de Isora 9 de Diciembre de 2010
Carta enviada al presidente del cabildo
de Tenerife sobre este derribo de una casa en el municipio
Esta mañana la Jefa de Servicio Teresa Abreu y la asesora jurídica Olga Castaño, de la Agencia, se han personado con equipos de demolición y numerosa policía para derribar la vivienda del ciudadano austriaco D. Johan Weichselbaum en Guía de Isora. La medida de suspensión cautelar acordada provisionalmente por el juez fue levantada ayer, y el auto se notificó a la Agencia, pero no a mi procurador. Sin dar tiempo incluso a que conociéramos la notificación, Doña Teresa y Doña Olga se han personado en la vivienda mientras sus propietarios se encontraban desayunando y han ordenado el inicio de la demolición. Se han vivido escenas dramáticas cuando D. Johan Weichselbaum, un hombre de 76 años, se ha encerrado en el interior. Finalmente ha tenido que salir ante la evidencia de que las máquinas empezaban a derribar los muros. Según me cuenta la traductora, que estaba presente, Doña Teresa y Doña Olga cambiaban risas entre sí mientras los propietarios de la vivienda permanecían lívidos en el jardín. Tal como era su estado, probablemente necesiten atención médica. La traductora ha intentado hacer fotos con el móvil y un policía se lo ha requisado. Quizá alguien pueda explicar por qué en un país libre y democrático una persona que está en una propiedad privada con consentimiento de sus propietarios no puede hacer fotografías. Por supuesto que la policía ha bloqueado la carretera, aparentemente para impedir el acceso a los medios de comunicación y con esto conseguir el fin perverso de que los ciudadanos no puedan saber lo que ha sucedido hoy. La traductora ha informado a Doña Teresa y Doña Olga de que yo me disponía a formular un nuevo recurso en el juzgado, que llevaría orden de paralización. Según me cuenta la traductora. la respuesta de Doña Olga ha sido que estaban en medio del campo y que allí ella no podría recibir ninguna orden de suspensión, y que no se iba hasta que no hubiera tirado la casa. Por supuesto que los propietarios no han podido sacar de la vivienda ninguna de sus pertenencias, que en este momento en el que escribo están siendo destruidas junto con la vivienda misma.
El único motivo del derribo es que la vivienda está en servidumbre de protección. La vivienda no está en servidumbre de protección con arreglo a la ley y la Agencia lo sabe. La Agencia no ha querido ni siquiera entrar a discutir la petición razonada de suspensión que presenté el día 4 de julio de 2009 y su actitud ha sido en todo momento de desprecio hasta el extremo de que en la entrevista mantenida en enero Doña Olga me llegó a decir que no pensaba contestar a la petición (usted sabe que la Administración está obligada a responder siempre).

Estos hechos marcan un antes y un después en la defensa contra los abusos de la ley de costas. Tanto el gobierno de Canarias como Coalición Canaria habían mostrado, o aparentado, interés por una aplicación razonada y prudente de la ley. No sólo el hecho de derribar una casa por motivos que no son ciertos (la casa NO está, con arreglo a la ley, en servidumbre de protección) como especialmente los métodos empleados (aprovecharse del privilegio de recibir notificación del alzamiento de la medida antes que los propios interesados, atacar la vivienda por sorpresa e impedir toda posibilidad de comunicación a la sociedad de lo sucedido) denotan una actitud de la Agencia, del Gobierno de Canarias y del partido que los sustenta, que quizá no sea preciso calificar pero que en todo caso desmiente la leyenda de que los antedichos estén del lado de los ciudadanos frente a los abusos de aplicación de la ley.

No deja de ser notable que mientras Domingo Berriel se presenta ante la Ministra de Medio Ambiente para defender cierto poblado del derribo que debe efectuar el Ministerio, el mismo Domingo Berriel dé el visto bueno a la aberración a la que he tenido la vergüenza de asistir hoy, aunque sólo fuera mediante la comunicación telefónica con la traductora. Quizá la razón es que escenificar el intento de parar el derribo del Ministerio proporciona votos, pero usar la autoridad propia para hacer lo mismo con el de estos dos ciudadanos no proporciona ni un sólo voto, puesto que ni son españoles ni están censados en Canarias para votar.

No hay nada malo en aplicar la ley y reprimir los actos ilegales, todo lo contrario. Pero esto no es lo que ha hecho la Agencia. A sus técnicos se les OLVIDÓ tramitar el expediente de derribo por los problemas de licencia de la construcción. Sí, esto es increíble: Se les OLVIDÓ. El expediente se tramitó sólo por la afección de la servidumbre de protección. Pero la servidumbre de protección ocupa sólo una parte de la vivienda. El resto está fuera y en este momento se está derribando: Se está derribando sin que la Agencia haya tramitado expediente alguno para ello. Es una vía de hecho totalmente ilegal incluso aunque el TSJ dijera que la vívienda podía derribarse entera ya que otra cosa equivalía a legalizar una construcción sin licencia, simplemente porque la función de la jurisdicción contencioso adminsitrativa es meramente revisora de la legalidad de los actos administrativos, y si el acto administrativo no se tramitó por problemas de licencia, el tribunal tiene totalmente prohibido entrar en ello. Esto es algo que entiende cualquiera.

Siento un enorme respeto por su persona y estos hechos no lo van a mermar. Al contrario, pienso que si hubiera muchos políticos como usted en su partido, todo le iría mejor. Pero no puedo decir lo mismo de quienes han tomado esta decisión o la han permitido y espero que me perdone y que por favor no se sienta aludido si traslado a la sociedad mi sentimiento de repugnancia hacia lo sucedido hoy y el convencimiento que su propio partido me ha inoculado esta desafortunada mañana de que todos sus gestos en favor de los afectados sólo esconden una inmensa avaricia de votos. 

Yo estoy y estaré siempre a su disposición pero personalmente considero que deberían relevar de su cargo tanto a D. Domingo Berriel como a D. Pedro Pacheco porque su actitud de hoy los transforma en lastre político para un partido que insiste en defender a los afectados por los abusos de la ley de costas.

Desde luego que ni como ciudadano ni como Abogado tengo capacidad para producir inquietud a ningún poderoso. No obstante, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas reúne a unos ocho mil ciudadanos y voy a tomarme la molestia de que hasta el último de ellos sepa quién es Domingo Berriel y lo que es capaz de hacer el equipo bajo su mando.

Distribuyo este mismo mensaje a afectados, políticos, medios de comunicación nacionales y extranjeros y universidades.

Reciba un afectuoso saludo

José Ortega
Abogado