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Sur. 24 de Abril de 2010
I.U.C. afirma que Antonio Alarcó siembra incertidumbre sobre el hospital del sur
La organización socio-política le recuerda a Alarcó que es la Consejería de Sanidad la competente en esta materia y, aún no ha dado a conocer el plan funcional de dicho centro para que pueda calificarse tan siquiera de hospital.
La Asamblea Comarcal del Sur de Tenerife de Izquierda Unida Canaria, afirma que las declaraciones del Senador del Partido Popular, Antonio Alarco, están destinadas a crear incertidumbre en la ciudadanía del sur al afirmar que el futuro centro sanitario que se pretende ubicar en el Mojón (Arona), será un hospital de segundo nivel, cuando no es el Cabildo Insular de Tenerife ni el Senado, organismos de los cuales es miembro, el competente para llevar a cabo dicha obra.
La organización socio-política le recuerda a Antonio Alarcó que es la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la competente en esta materia y, aún no ha dado a conocer el plan funcional de dicho centro para que pueda calificarse tan siquiera de hospital, así como que la Ley 4/2000 impide que sea un hospital, por lo que le piden al senador del Partido Popular que sea más comedido y certero en sus declaraciones, puesto que de hacerse un hospital público de segundo nivel, se iría en contra de la legislación vigente, razón por la que desde la organización progresista se esta pidiendo la derogación de estas normas legislativas para poder dar cabida a un autentico hospital público de segundo nivel, “todo el resto que se argumente al respecto es sólo populismo electoral”, afirman desde I.U. en el sur de Tenerife.
I.U.C. destaca la contradicción en las declaraciones del senador del P.P. cuando afirma que no ha hablado de privatización sino de concertación, en un intento desesperado de justificar la privatización encubierta que se está llevando a cabo en la sanidad pública canaria, al determinar que las camas hospitalarias concertadas son de disponibilidad pública, olvidando que son financiadas con partidas presupuestarias de la comunidad autónoma destinadas al incremento de la cuenta de resultados de las empresas sanitarias, sin el correspondiente control social, ni análisis de calidad que, a diferencia llegan a ofrecer los centros de titularidad y gestión pública.
La organización de izquierdas le recuerda al dirigente del Partido Popular que la iniciativa de privatizar la sanidad viene dada por la Ley 15/97, aprobada durante el gobierno de Aznar y, que ha servido para que se inicie el proceso privatizador que se esta llevando a cabo en la comunidad de Madrid, gobernado por su compañera de partido, Esperanza Aguirre, pudiendo ser un mal ejemplo a seguir si se empecinan en imponer ese modelo en Canarias, y prueba de ello es la omisión de que forma de gestión llevará ese centro sanitario que denomina hospital en el sur de Tenerife.
La asamblea comarcal del sur, aclara al Señor Alarcó que la Unión Europea sólo dice que la sanidad debe ser financiada con fondos públicos, dando cabida a la privatización del sistema sostenido con el erario público, amparándose en el tratado de Maastricht, que limitó la capacidad de endeudamiento público de los gobiernos miembros de la U.E., con el argumento de la convergencia para la moneda única, al 60% de su P.I.B. y que su déficit no debería ser superior al 3%, acompañado de un sistema contable engañoso que no considera como endeudamiento público el contraído por empresas públicas acogidas a gestión privada o por servicios contratados con empresas privadas. Esta medida pretende, en lo que concierne a la sanidad, recortar el gasto sanitario público y que la financiación de las nuevas infraestructuras públicas, como hospitales o centros de salud, se realice recurriendo a la financiación privada, a la que se cede la gestión y explotación de hospitales y centros de salud.
Para I.U.C., la entrada en vigor de la Directiva Bolkestein, también esta encaminada a posibilitar y beneficiar la privatización de la sanidad, pues esta directiva europea ampara que cualquier empresa de la unión pueda instalarse en cualquier país de la U. E, sin que ningún país miembro pueda oponerse a su entrada, eliminando las restricciones y leyes nacionales que limiten la implantación de empresas sanitarias privadas, recurriendo al principio de “País de origen”, obedeciendo solamente los requisitos del Estado sonde la empresa tenga su cede social, impidiéndoles que los Estados sonde se ubiquen puedan imponer restricciones o controles de ningún tipo.
La Construcción y puesta en funcionamiento del Hospital público del Sur Suroeste de Tenerife, de segundo nivel, con los medios humanos y materiales necesarios para atender a la ciudadanía de la comarca, pasa por una revolución social que exija a las autoridades sanitarias esta infraestructura, así como un compromiso firme y contundente de toda la clase política, en derogar las leyes y normativas hechas Ad hoc para los intereses del empresariado sanitario, concluye el comunicado.
