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Granadilla 10 de Mayo de 2008
El promotor de una obra
ilegal en Granadilla
procede de forma
voluntaria a su
demolición
La edificación tiene una superficie
de 500 metros cuadrados y fue
realizada sin las autorizaciones que exige la Ley
La reducción en un 90% de la multa impuesta por la construcción ilegal de una edificación en Granadilla es el beneficio que ha obtenido el promotor de la misma al proceder de forma voluntaria a la demolición de la construcción, localizada en suelo rústico de protección económica con categoría de agrícola intensivo en el municipio tinerfeño, y cuyas obras fueron realizadas sin contar con las autorizaciones exigidas por la Ley.
La mencionada edificación está situada en el lugar conocido como Toscas Gordas y tiene una superficie es de 500 metros cuadrados. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), tras detectar la infracción, tramitó los correspondientes procedimientos disciplinarios, que concluyeron, como marca la ley, con orden de demolición y la imposición de una multa, en este caso, de 6.060 euros. Este restablecimiento se ha realizado a petición del propio infractor, que presentó el proyecto de demolición voluntaria de las obras realizadas sin cobertura ante la APMUN, responsable asimismo de supervisar y conformar estos trabajos a través del Servicio de Restablecimiento de la Realidad Física Alterada.
El director ejecutivo de la Agencia, Pedro Pacheco, ha subrayado al respecto la importancia de la colaboración de los promotores de acciones que alteran de forma negativa el medio rural y natural de las Islas, señalando que actos como el indicado “permiten conseguir los objetivos del procedimiento sancionador en esta materia, que no son otros que dejar el territorio como estaba y mantener la disuasión para el infractor por el doble coste de construir y demoler, sin perjuicio de que obtenga el premio de la minoración de la multa”.
Con esta actuación voluntaria, los particulares afrontan menores costes que en el caso de que la demolición hubiera sido ejecutada directamente por la Administración. Asimismo, los responsables de la obras realizadas sin los permisos oportunos se benefician porque, al reponer el territorio a su anterior situación, y cuando se comprueba la ultimación completa de esas demoliciones, tienen derecho a la reducción de un 90 por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, previsión contenida en el artículo 182 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
