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Arona 23 de Junio de 2009
¿Para cuándo se cerrará esto?
Esto, si no fuera porque lo estamos viendo, y porque es aquí, en
este país tan demócrata, tan puesto en acatar esa sublime Ley
de la Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de Zapatero y aprobada por el Parlamento en Octubre del 2007, hoy y después de treinta años de estar con un régimen democrático se constituya un intento por subsanar una extrema situación de injusticia por la cual han vivido muchas familias de los llamados “rojos”, en la Guerra Civil Española.
En su momento Zapatero fomentó esa sed de memoria que muchos españoles tenían de sus familiares desaparecidos en fosas comunes o simplemente en las cunetas de diferentes carreteras y muros de cementerios de España, pero hasta hoy el tema ha ido menguando y ahora crece y amenaza en desbordar aquella bien intencionada decisión de buscar a todas esas víctimas de la barbarie franquista pero que está resultando a todas luces una cierta dejadez en este delicado problema.
El Gobierno de España creyó que estaba todo solucionado en el mismo momento que empezó a dar subvenciones a familiares de esas masacradas víctimas para que exhumen sus cuerpos buscándolos en donde se presume puedan estar enterrados en fosas comunes, pero esa no es la solución, no basta con hacerlo todo en un plan económico,
El Estado tiene de sobra todo el poder para ejecutar y mandar que se averigüe en qué circunstancias perecieron todas estas víctimas, porque resulta aparte de entender que es una vergüenza y que sintamos vergüenza ajena, que después de 34 años de la muerte del dictador Franco, se quieran ocultar o pasar página de esos cuantiosos actos delictivos que han sumado tantos atropellos que hizo la dictadura hacia los españoles que pensaban en ideas demócratas.
Lo que ya no se entiende, ni es de recibo es que familiares de esas víctimas se hayan visto obligadas a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y denunciar la pasividad del Estado Español, la de no seguir esclareciendo las circunstancias y buscar los paraderos de la infinidad de víctimas dispersadas por esas tierras, que esperan reposar en paz, de las manos de sus familiares.
Ahora falta saber si el Tribunal admitirá a trámite estas denuncias, porque en caso de que continuara el procedimiento, podría tener una sentencia condenatoria para España, y a eso si que habría que acatarlo y aceptar lo fallos del Tribunal que es la máxima autoridad europea en estas garantías de los Derechos Humanos. Pero si no prospera esta iniciativa, quedará sólo como una lucha que se hizo para dignificar a estas víctimas, pero que de no darlo por zanjado y solucionar para bien el proceso, nunca se acabará de cerrar la herida por años que pasen.
Salvador Barnes
Periodista
