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Tenerife 17 de Junio de 2009
Los problemas financieros
de la Comunidad Autónoma de Canarias
El pasado 14 de Mayo, y coincidiendo con el debate del estado
de la Nación en el Congreso de los Diputados, hizo un año de la fecha
en la que el 14 de mayo de 2008, el Secretario de Estado de Hacienda (Ministerio de Economía y Hacienda) presentó públicamente el balance de liquidación de los recursos financieros que las Comunidades Autónomas recibieron en el año 2006 en virtud de la Ley 21/2001 de Financiación de las CCAA (recordemos que gobernaba en España el PP con el aplauso permanente de Coalición Canaria), siendo estos los datos que por el momento parece ser que son los últimos que se hayan dado a conocer y que ante el debate que permanente se viene produciendo, me ha parecido oportuno basado en ellos, el llevar a cabo las consideraciones que a continuación procederé a exponer.
Los recursos obtenidos por las Comunidades Autónomas en 2006, tras la liquidación del sistema de financiación, ascendieron a 110.030 millones de euros, un 12,7% más que en el ejercicio anterior de 2005. Del total de estos recursos, la parte correspondiente a los tributos que recaudó la Administración General del Estado (AGE) supusieron 54.393 millones de euros, un 49,4% del total. Por su parte, los tributos que recaudaron las CC.AA. alcanzaron 23.226 millones de euros, el 21,1% del total. El restante 29,5% de los recursos, 32.411 millones de euros, lo integraron las transferencias realizadas por la Administración General del Estado a través del Fondo de Suficiencia y de la Garantía de Financiación Sanitaria. De este modo, el 78,9% de los recursos del sistema de financiación, un total de 86.804 millones de euros, fueron transferidos por la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas.
Las cantidades totales (en millones de euros) recibidas por las Comunidades Autónomas han sido, clasificadas por orden de mayor a menor cantidad recibida, las siguientes:
Andalucía: 20.990, Cataluña: 18.920, Madrid: 15.187; Comunidad Valenciana: 11.563; Galicia: 7.659; Castilla León: 7.200; Castilla-La Mancha: 5.377; Canarias: 4.790; Aragón: 3.690; Murcia: 3.398, Extremadura: 3.170; Asturias: 2.905; Baleares: 2.440; Cantabria: 1.787; La Rioja: 954
Y las cantidades recibidas por habitante (en miles de euros) han sido, también clasificadas por orden de mayor a menor cantidad recibida, las siguientes:
Cantabria: 3.206,96; La Rioja: 3.171,32; Extremadura: 2.958,91; Aragón: 2.931,25; Castilla y León: 2.906,59; Castilla-La Mancha: 2.840,98; Galicia: 2.817,37; Asturias: 2.744,89; Cataluña: 2.727,74; Andalucía: 2.693,06; Madrid: 2.557,43; Murcia: 2.544,66; Com. Valenciana: 2.491,36; Baleares: 2.475,60; Canarias: 2.452,18. siendo la media nacional de 2.688,97. Según datos estadísticos fríos del Ministerio de Hacienda, el crecimiento porcentual estatal medio desde el año 1999 hasta el 2006 resultó del 93,6, mientras que el de Canarias lo fue del 83,2.
Lo bueno, o lo malo, que tienen estos datos, es que son oficiales y proporcionados por el Ministerio de Economía y Hacienda por lo que no caben muchas discusiones sobre su veracidad, y se deducen de ellos con meridiana claridad que Canarias no sale nada beneficiada del actual procedimiento de financiación de las Comunidades Autónomas que tal como se ha indicado al comienzo de este artículo, se pactó bajo el Gobierno que presidía José María Aznar y con el que mantenía relaciones de sumisión el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias controlado por el pacto PP y CC.
Hay que resaltar, además, que este problema financiero no tiene relación directa con el problema que se suscitó hacia finales del año pasado con los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. Este era de otra índole. Se trataba entonces de la inversión directa que iba a realizar el Estado en Canarias durante el año 2008. De las propias fuentes del Ministerio de Hacienda se deducía que dicha inversión directa en Canarias iba a ser de 661,7 millones de euros.
El total que distribuyó el Estado mediante la Ley de Presupuestos Generales para 2008, entre las diecisiete CCAA y las dos ciudades de Ceuta y Melilla, fueron de 24.404,6 millones de €, que se repartieron de la siguiente manera:
Andalucía: 4.345,4; Cataluña: 3.625,6; Madrid: 2.615,7; C. Valenciana: 2.346,3; Castilla León: 2.189,2; Galicia: 1.942,4; Castilla-La Mancha: 1.275,8; Aragón: 1.200,6; Asturias: 1.018,2; Murcia: 820,8; Extremadura: 679,3; Canarias: 661,7; País Vasco: 496,9; Cantabria: 435,2; Baleares: 270,7; La Rioja: 187,9; Navarra: 151,4; Ceuta: 81,8; Melilla: 56,6.
En Canarias existe una tendencia a comparar la media de inversión nacional con la prevista en el Archipiélago por parte del Estado. Con los datos anteriores la media nacional resultaba de 543,8 €/habitante y la inversión en Canarias por habitante resultaba ser de 327,7, es decir un 40% menos. Si la Comunidad Autónoma de Canarias hubiese recibido una inversión directa del Estado de acuerdo a la media estatal, debería haber recibido unos 927 millones de euros. Este era el argumento en el que se sustentaba la amenaza de recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado con el que quería proceder el Gobierno de Canarias.
Lo que se puso de manifiesto con el debate generado al respecto es que los Presupuesto Generales del Estado incumplían lo previsto en los artículos 95 y 96 de la Ley de Régimen Económico Fiscal de Canarias (Ley 20/1991), ya que en dichos artículos se establece un instrumento de política económica, propio e independiente de otros en relación con la inversión pública en Canarias que consiste en la fijación en cada ejercicio presupuestario de un nivel mínimo de inversión de la Administración General del Estado igual al promedio de la inversión pública estatal en el resto del Estado. Además se ponía de manifiesto que esto venía ocurriendo de forma sistemática en todo el amplio periodo que va desde la entrada en vigor de las dos Leyes que regulan nuestro REF hasta nuestros días; es decir desde 1995 hasta 2008, ya que la inversión pública presupuestada por el Estado en Canarias no se había calculado ni comparado con respecto al promedio de la inversión pública estatal. Si bien es cierto que comparar los inversiones en Península con las de las islas resulta harto complejo dado que algunas de las que se llevan a cabo en territorio continental como pudiera ser el tren de Alta Velocidad no pueden materializarse en el territorio insular.
Pero además de estos hechos manifiestos, lo que queda patente con la financiación derivada de la Ley 21/2001, es que el modelo que en aquel momento pactaron los responsables del Gobierno de España y los de nuestra Comunidad Autónoma no es adecuado para Canarias.
Como decía antes, ambos problemas no tienen un origen común, pero los dos inciden en la misma cosa, en que Canarias tenga problemas financieros y pone de manifiesto, también, que las comunidades que más reciben por vía de financiación son las que más reciben por inversión directa del Estado en sus presupuestos Generales.
El sistema de financiación autonómica debe satisfacer un conjunto de objetivos, no siempre fáciles de compatibilizar. Hay que ir hacia un nuevo sistema de financiación y se ha empezado a discutir ya en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero hay que establecer las líneas adecuadas. En estos momentos existen en realidad tres sistemas de financiación de las comunidades autónomas: el establecido en la Constitución para las comunidades autónomas Vasca y Navarra (modelo foral), el establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña después de su discusión y aprobación por el Congreso de los Diputados y el modelo general para el resto de las comunidades autónomas, pendiente de propuesta por el Gobierno para su discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hoy por hoy es difícil decir hacía dónde vamos al no haberse consolidado aún el nuevo modelo, sin embargo nos vamos a permitir hacer un análisis bajo el supuesto que el nuevo modelo de financiación que se vaya a establecer siguiese los porcentajes de participación en los impuestos estatales cedidos que figuran para Cataluña en el pacto de financiación firmado por el cuatripartito catalán y el Partido Socialista Obrero Español, permaneciendo sin variación el resto de lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre. Dicha ley recogió el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001 con las modificaciones introducidas en las reuniones del 16 y del 22 de noviembre de 2001; aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas. La exposición de motivos de la citada ley estableció que el sistema se basaba, entre otros, en los principios de generalidad, estabilidad, suficiencia, autonomía y coordinación.
El principio de generalidad se refiere al carácter integrador del mismo, en tanto que abarca la financiación de todos los servicios susceptibles de traspaso a las comunidades autónomas y aplicables a todas las que cumplan los requisitos del mismo. Estabilidad, porque se desea que sea permanente, permita que las comunidades conozcan los recursos de que pueden disponer y realizar una planificación a medio y largo plazo. Suficiencia, ya que se pretende que la aplicación de la ley otorgue a las comunidades autónomas recursos suficientes para prestar los servicios asumidos y los que sean susceptibles de traspaso.
En aplicación del principio de autonomía se amplían las competencias normativas de las comunidades autónomas para obtener financiación propia y para regular las condiciones de prestación de los servicios públicos transferidos. El principio de solidaridad justifica la creación del Fondo de Suficiencia, de manera que exista una transferencia de recursos entre las comunidades más ricas y las más necesitadas, con el objetivo de conseguir que todos los ciudadanos, independientemente del lugar de residencia, puedan gozar de un nivel mínimo de servicios públicos, tanto en la gama de los servicios como en la calidad de los mismos.
Dicho esto, pasamos a calcular el coste para la Hacienda del Estado de tal modelo de financiación con la única modificación de los porcentajes de cesión de impuestos. Para ello vamos a utilizar los datos del año 2006 que es el último para el cual existen cifras completas publicadas por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Partiendo de que en el modelo previsto para Cataluña los porcentajes de cesión de impuestos aumentarían de la siguiente forma: en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del 33% al 50%, en el impuesto sobre el valor añadido del 35% al 50% y en los impuestos especiales del 40% al 58%. Debemos tener en cuenta, además, que en 2006 dichas comunidades recibieron del Fondo de Suficiencia 32.397 millones de euros, que suponemos que permanecen inalterados, en aplicación del principio de solidaridad de nivelación de los recursos a las necesidades de gasto.
El resultado sería que la media de crecimiento de financiación de las CCAA estaría en 18,28%, creciendo las que más: Cataluña con un 21%, Madrid con un 25% y la Comunidad Valenciana alcanzaría casi el 20%. Pero la peor y más alarmante es que con este modelo Canarias crecería casi al 8% (7,8). Esto es lógico porque el modelo se basa en el incremento de los ingresos por IRPF, que Canarias sí que lo disfrutaría, y también del incremento de la recaudación por IVA, que Canarias no tiene, y de los Impuestos Especiales que en Canarias se aplican de manera menos intensa que en el resto del territorio. Estas carencias se suplen en Canarias con los ingresos procedentes del Régimen Económico Fiscal, en especial recaudación por IGIC, pero sobre este no es de esperar muchos más incrementos de recaudación que los que ha habido hasta ahora. Es más, es de esperar disminuciones coyunturales en su recaudación, igual que en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por la incidencia de la presente crisis en internacional en Canarias, en especial en lo que se refiere al ámbito inmobiliario. Con lo cual un elemento diferencial de Canarias, como es nuestro régimen especial se vuelve paradójicamente en nuestra contra, como si fuese una maldición bíblica.
En conclusión: podemos decir que en el supuesto de que el sistema de solidaridad que se implante para todas las comunidades autónomas sea el contemplado en el pacto de financiación de Cataluña las tres únicas comunidades que aumentarían mas sus recursos serían Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, las comunidades más ricas. En el supuesto de que el régimen de Cataluña no fuese de aplicación al resto de las comunidades, la única comunidad que se beneficiaria del nuevo sistema de financiación seria Cataluña, así que la equidad brillaría por su ausencia.
Uno de los errores de concepción del vigente sistema de financiación autonómica es que se trataba de un modelo definitivo. La experiencia de todos los países de estructura federal, hacía la que se debería tender, aunque esto sea otro tema de debate, muestra que esto es, en el mejor de los casos, una utopía. Y, en el peor, un corsé que en nada favorece la resolución de los nuevos desafíos y realidades a los que el sistema debe responder. Las readaptaciones periódicas son, por tanto, inevitables. Estamos a las puertas de una de esas readaptaciones. ¿Qué queremos para Canarias? Esta es la cuestión.
José Segura Clavell
Diputado socialista en el Congreso
