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Tenerife 24 de Noviembre de 2009
El uso indebido del aforamiento parlamentario
La inmunidad parlamentaria, de donde sale el aforamiento,
viene de leyes inglesas y francesas de hace más de dos siglos,
ya que en ese momento se debió legislar para evitar que los organismos judiciales tradicionales y ligados a la nobleza pudieran impedir la actividad de las cámaras legislativas emanadas de la voluntad popular.
Y el objetivo de esta prerrogativa de es proteger la integridad del órgano legislativo, así como su independencia para el normal desempeño de sus funciones, especialmente la legislativa y la de control político o fiscalización. La inmunidad no es un privilegio personal en beneficio de los diputados o senadores, sino que se justifica en atención al conjunto de funciones parlamentarias, a las que la inmunidad tiene como finalidad proteger. Por eso el suplicatorio debe sustentarse en una valoración del significado político del procesamiento con objeto de evitar el empleo de la vía penal para perturbar el funcionamiento de las cámaras o alterar su composición”. Ese es el sentido final de la inmunidad, es decir, la protección del cuerpo legislativo como tal y no de sus miembros en particular; se les otorga la protección a los parlamentarios sin la medida que representan al órgano parlamentario y en su calidad de tales, no como un derecho Subjetivo.
Sin embargo, la situación que actualmente contemplamos por parte de diputados y senadores, incluido los autonómicos es un muy diferente, ya que éstos se aferran a la inmunidad, como el naufrago a la tabla salvadora en alta mar, pues considera la mentada prerrogativa como algo similar a la impunidad, con lo que de demuestran hasta que punto la casta política ha perdido el sentido de la realidad.
Los políticos utilizan ese privilegio en beneficio propio, hipertrofiando el sentido de su nacimiento, que lo fue como una garantía finalista para los ciudadanos, a nuestros "padres de la patria" les da igual conculcar un principio fundamental del sistema democrático de que "la ley es igual para todos"; para todos menos para los que tienen la suerte de llegar a un cargo institucional, deberían añadir. Cargo al que, ya lo sabemos, se accede mayormente a base de medrar, arrimarse a la familia política que más interesa y olvidar el servicio al ciudadano para consagrarse en las atenciones al líder supremo. Les importa un bledo quedar en evidencia ante el ciudadano, lo que les preocupa es salvar sus posaderas, en sentido, vulgar donde la espalda pierde su casto nombre.
Y esta posición ha abierto un debate mundial sobre la inmunidad parlamentaria, y la garantía que conlleva, pues preocupa precisamente, el uso torticero que se esta haciendo de él, por parte de algunos diputados nacionales y autonómicos así como senadores, obviamente españoles, ya que usan su privilegio parlamentarios para escapar de las acusaciones de corrupción que penden sobre ellos por prácticas que nada tienen que ver con su trabajo como cargos electos, y además porque incluso cuestiona su labor parlamentaria, al no poder garantizar un ejercicio libre, sino que lo utilizan como vulgar obstáculo para que los políticos corruptos escapen de la justicia.
Aunque queda claro, que con tal institución no se protege al político por el hecho de serlo, ni por una mera cuestión personal, sino que sólo se protege la función que se desempeña. Pues se trata de evitar que poderes ajenos a la voluntad popular puedan fácilmente condicionar la actividad parlamentaria o dejar fuera de juego a cualquier político que no se pliegue a sus intereses. En el fondo estamos ante una medida para proteger al ciudadano otorgando un privilegio a su representante para que pueda desempeñar su función adecuadamente y con plena libertad. Por eso se sacrifica el principio de la "igualdad ante la ley". Nada más lejos, de lo que hacen los políticos hoy. Por tanto, o se acaba con estos aforamientos convertidos en privilegios personales de una casta política absolutamente desvergonzada o, como mínimo, se limita a lo que es estrictamente la actividad parlamentaria, pero como estamos no podemos seguir.
Juan Fernández del Torco Alonso
Presidente del Centro Independiente de Canarias (CiCan)
