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Tenerife 7 de Junio de 2008
¿Quién responde de las construcciones ilegales
en nuestros municipio?
La opinión pública ha tenido conocimiento de que El Gobierno de Canarias ha lanzado la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDE), un sistema informático en el que podrá detectar todos los cambios territoriales que se produzcan en el Archipiélago y así utilizar las actualizaciones de datos para descubrir las construcciones ilegales que se puedan crear.
Sistema que funciona de manera similar al ‘Google Earth’, y ello permitiría a la Agencia de Protección del Medio Ambiente tener un control cada dos años de estas modificaciones a través de fotografías que se superponen y se comparan. Ya el Gobierno detecta actualmente 10.000 cambios territoriales por año.
Aunque conscientemente, el Gobierno del Sr. Rivero, hace que desconoce que entre la Agencia de Protección del Medio Ambiente y los municipios de Canarias media un concierto de control de suelo rústico, sin que podamos entender, porque se ha excluido el control del suelo urbano como si éste no formara parte del medio ambiente necesario para el desarrollo del sujeto, ya que a Centro Independiente de Canarias, no le parece un argumento justificativo decir que no hay medios para tal fin.
Pues este objetivo de control se puede alcanzar, por otros medios igualmente válidos y de actuación ex ante y no ex post, ya que el Ayuntamiento tiene una presencia directa e inmediata. Se puede evitar la barbarie, y en cambio, la ha potenciado ya que al vecino, y más si es de su color político, y este es un fenómeno común a todos los municipios canarios, le ofrece luz y le da agua, le asfalta la vía y le presta el servicio de basura, sea en suelo rústico o urbano, y además le incita a la construcción porque no la demuele al inicio o al darle la licencia, o multarle sino la hubiera solicitado, a través de su propios agentes municipales.
Sin embargo, se asienta en el no hacer o no impedir, y tres años mas tarde cuando le incoan el expediente, le dice que su edificación fue ilegal, y no sale en defensa de sus vecinos e incluso denuncia trato discriminatorio por parte del Gobierno de Canarias, a través de su instrumento depredador de la edificación que es la Agencia, que sólo actúa con una política de represión y no de prevención, y sólo con un fin un voraz afán recaudatorio hasta el extremo que pretende que el afectado al que se le priva de su bien también abone el instrumento o gasto demoledor.
Este comportamiento para Centro Independiente de Canarias, no tiene justificación política en orden a la demolición de edificaciones, y menos cuando se ha postulado y tutelado la edificación por parte de las corporaciones municipales, al no impedir que aquellas aconteciesen, y más aún cuando la política de demolición obedece a una mera arbitrariedad política, ya que el trato que se confiere no es común, ni homogéneo en orden a los tiempos y lugares ya que en municipios de color análogo al gobierno de turno, y más en periodo electoral, no se demuele edificaciones ilegales, y en aquellas zonas donde se ha demolido se permite construir al día siguiente.
Ante tal situación de cooperación en la edificación ilegal, Centro Independiente de Canarias (CICAN), entiende y postula como política de prevención adecuada con el fin de evitar la construcción ilegal y defender el medio ambiente, que sean:
Los Municipios de Canarias a través de las Gerencias Municipales de Urbanismo, y asistidos de los miembros de las Policías Locales quienes controlen de manera inmediata tales construcciones, sin que medie ayuda de clase alguna por parte de la corporación municipal.
Que los órganos insulares de control de prevención del medio ambiente se encuentre residenciado exclusivamente en los Cabildos Insulares.
La ejecución de una edificación ilegal detectada en fase de edificación conllevará la inmediata demolición por parte de los entes municipales.
Pero si se constatase que ha mediado una coparticipación municipal, bien por conferir agua, cobrar tasa de basura o proceder asfaltado de una vía, o brindar el uso de energía eléctrica, la Corporación municipal será la responsable directa ante el Cabildo Insular.
Por parte del Cabildo Insular, la sanción económica a la Corporación Municipal se le imputará al dinero de asignación que éste ente tuviese intención de destinar para la realización de cualquier servicio u obra, en el ejercicio anual inmediato siguiente al instante de la construcción.
La demolición de la edificación conllevará, si hubiere mediado cooperación directa o indirecta por parte de la corporación municipal, que el valor de la construcción sea abonada por ésta, atendido el valor actual correspondiente al momento de la demolición, consecuencia de que ha existido un funcionamiento anormal del servicio municipal.
Con este parecer político, CICAN hace responsable a los Ediles Municipales del desaguisado urbanístico acontecido y además evita la ruina de sus ciudadanos por un no hacer responsable de la administración municipal correspondiente, como esta ocurriendo en los ochenta y ocho municipios canarios.
