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Ninguna variación en el uso de un producto puede repercutir en una variación inmediata de su precio en un 20 ó más por ciento y, mucho menos en la aplicación tecnológica por la necesidad de infraestructuras adecuadas que requerirían una implantación paulatina, lo que se vería, si fuese real, a lo largo de un tiempo determinado. Esto sin descartar la oposición argumentada y acertada de la utilización de cereales, para la elaboración de combustibles, que determinaría la deforestación de grandes espacios con fines económicos, mientras las familias continúan sufriendo un elevado coste en la adquisición de sus productos básicos, imponiéndose la ley de la oferta y la demanda.
El incremento de los productos alimenticios viene dado por los abusivos márgenes comerciales que aplican en el sistema de distribución y comercialización, los llamados intermediarios, pues atendiendo a las denuncia que ha hecho la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), este incremento no ha supuesto, durante muchos años, una subida en el precios que se les abonan a los agricultores ni ganaderos, poniendo como ejemplo: un agricultor vende los pepinos a 0,30 y en el mercado los obtiene la ama de casa a 1,90, los bubangos que pasa de 0,25 que recibe el agricultor a 2,43 que se exponen a la venta al consumidor final, o bien los huevos que no han supuesto ningún incremento para el productor en los últimos 20 años, pero todos saben cuanto ha subido este producto, en este tiempo, cuando llena el carro de la compra.
En este ambiente siempre hay quien sale beneficiado y es el sector del importador, ese que trae los productos de fuera, que subvencionados por el Régimen Especifico de Abastecimiento (REA), debería equilibrar los precios para que sean asequibles al consumidor, pero por el contrario seguimos teniendo la cesta de la compra más cara de todo el Estado, sin que hasta el momento se haya oído noticia alguna de apertura de investigación sobre el destino de estas subvenciones, quienes son los empresarios del sector, o si tienen alguna unión o relación con el poder político.
Con este ambiente y situación no puede sobrevivir ni el consumidor, ni mucho menos el agricultor ni el ganadero, por lo que se precisa una política agroalimentaria seria que tenga por finalidad el garantizar la alimentación a la población, y la supervivencia del sector primario. Hay que crear canales de comercialización directa entre productor y consumidor, erradicando los costes abusivos y especulativos que actualmente soportan los productos agrícolas y ganaderos.
La agricultura y la ganadería son básico para cualquier sociedad, son los pilares que soportan la seguridad alimentaria que debería ser fomentada, potenciada y defendida por la administración pública, haciendo de este sector económico una fuente de riqueza que produjese dignidad y estabilidad económica a sus productores, para que esta actividad pudiese pasar de generación en generación, no como en la actualidad y, ya llevarnos varios años, en que las nuevas generaciones abandonan el campo, ante las incertidumbre que le ofrece. Es intolerable que los agricultores canarios no puedan vivir de los sacos de papas que recogen y, los consumidores tengan que dejarse gran parte del sueldo en comprar bolsas de patatas.
La seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria, debería tener mayor firmeza en Canarias al tratarse de una zona aislada, que tendrían que soportar unos costes de transporte insostenibles para poder alimentar a su población, ante cualquier incidencia internacional, como lo es ya el incremento del precio del combustible. La agricultura y ganadería local podría contrarrestar esta situación, generando un modo de vida digno a los productores, disminuyendo el precio al consumidor y aumentando la rentabilidad y la estabilidad al sector agrícola y ganadero.
Toño Linares
Presidente de Tagoror Achinech.
Adeje 5 de Octubre de 2007
Con la comida no se juega
Llevamos mucho tiempo soportando el alto coste
de la cesta de la compra y, continúa en ascenso,
pero en estos días se ha escuchado de forma
repentina, que los precios suben entre un 20
y 40 por ciento por culpa de “los biocombustibles”,
mejor dicho, por la compra de los productos
agrícola con la finalidad de convertirlos
en combustibles. Pero la realidad del incremento de los precios es otro.
