Ayuntamiento de Arona
Arona 21 de Septiembre de 2009
El otro juicio del caso Arona
Foto: Dux Garuti
A partir de mañana los juzgados de Arona recibirán a más imputados y testigos que prestarán declaraciones en la causa.
Paralelamente a la causa que se está llevando a cabo en relación al denominado caso Edén, se palpa en el ambiente ese otro proceso, que al margen del Juez, la Fiscalía, los abogados de la defensa y los de la acusación, imputados y testigos, arrojan veredictos previos a cualquier decisión judicial. Sentencias sociales que vienen de un pueblo dolido porque se meten con sus gobernantes más queridos o enfadados por las cientos de presuntas irregularidades que se han venido cometiendo desde hace varios años en el ayuntamiento de Arona. Otro ingrediente del polvorín es la paralización del PGO, que trunca la legalización de casas familiares o la construcción de necesarias infraestructuras.
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Asimismo, las contiendas políticas se avivan, acusaciones de un partido a otro añaden más debates sociales y mediáticos al proceso. Cantidad de imputados de diferentes colores políticos y del sector empresarial confunden al ciudadano sediento justicia y de verdades que le permita seguir creyendo en el sistema judicial.
Tras las declaraciones de la primera semana de septiembre, donde pasaron por los juzgados el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, cuatro concejales del actual grupo de gobierno, el consejero del cabildo, Félix Sierra, la secretaria de alcaldía y otros cuatro imputados que están en libertad bajo fianza, el caso Arona dio un vuelco, tanto a nivel judicial, como a nivel político. En el primero por mantenerse las imputaciones y conocer extractos de las declaraciones que los abogados de la acusación califican de “hechos evidentes que pueden llevar a una condena”. Y por otro lado, la tensión, los calificativos y las acusaciones que los diferentes partidos intercambian a través de los medios de comunicación.
EN este sentido, recientemente el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife afirmó que a José Antonio Valbuena, portavoz el grupo socialista, “se le ha agotado tanto el crédito como la memoria” tras su implicación en el caso Arona. Según lo que conoce CC de las investigaciones realizadas, “Valbuena participó en una reunión en el ayuntamiento sureño para agilizar los trámites para obtener licencias urbanísticas”.
Los nacionalistas dicen que es evidente que tanto Valbuena como José Luis Delgado, que mantuvo una conversación telefónica con el alcalde de Arona para que le echara una mano a ganar un concurso informático, han tocado fondo como político y han perdido el crédito que pudieran tener”.
Como no podía ser de otra manera, el aludido, José Antonio Valbuena, lejos de negar que estuviera en la reunión, confirmó que en efecto había estado presente, y acusó al alcalde de limitarse a contar medias verdades, al aclarar que “acudí a la cita a petición del portavoz socialista en Arona, García Santamaría, quien me informó de que el alcalde quería hacerle entrega de un dictamen jurídico, elaborado por un servicio externo al ayuntamiento, que supuestamente avalaba determinados tipos de expedientes urbanísticos que el alcalde quería sacar adelante; García Santamaría desconfiaba de las intenciones del alcalde y es entonces cuando se ponen en contacto conmigo”.
Ante la implacable sociedad, los acusados también se defienden para salvaguardar así el talante y la posición que han conseguido desde las últimas elecciones. El primer edil aronero después de explicar a los vecinos que todo lo que ha hechos ha sido “para ayudar”, alegó que este procedimiento lo inició Francisco García Santamaría “para conseguir la alcaldía y las consecuencias nos han llevado a una situación dolorosa y de sufrimiento personal más la crueldad mediática de la que hemos sido víctimas”.
Tramas urdidas por todos los frentes, intentando involucrarse unos a otros, hacen que este proceso judicial se vea borroso en el panorama. Sin embargo, al final la justicia dictará con su imparcialidad las resoluciones del caso Arona.
Queda mucho tiempo por delante, desgranar los 22.000 folios del sumario, conocer el restos de las declaraciones, esperar con seguridad la intervención de CC, PSOE, PP y de otros partidos en los medios de comunicación. Queda seguir escuchando a los vecinos y queda seguir informando, con respeto hacia las partes, los capítulos de uno de los más importantes casos de presunta corrupción urbanística del archipiélago canario.
A partir de mañana los juzgados de Arona recibirán a más imputados. El día 22 prestarán declaraciones Carlos Enrique Morales Plasencia, Vicente Dorta Antequera y Pedro González Santiago por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, el día 23 por los mismo delitos declararán Kemel Bagdag, María Bettina García Melo, Milagros Suárez Martín y Nizamara Domínguez Gómez. El 24 de septiembre irá como testigo José Antonio Molina Luis, y como imputados que ya han prestado declaración en la causa, Jorge Menendez Díaz y Antonio Luis Pablo González. Y el día 25 por presunto tráfico de influencias y omisión de deber de denunciar y perseguir delitos, José Manuel Rodríguez Rodríguez y Ángel Artillo por prevaricación y tráfico de influencias.
