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Tenerife 2 de Noviembre de 2009
Más de 400 puestos de trabajos en juego por el posible cierre de farmacias
Foto: Dux Garuti
En el Sur se ven afectadas farmacias de Arona, Adeje, Santiago del Teide y Guía de Isora.
La sentencia del año 2005 en la que se declaran nulas las licencias de 54 farmacias pone en riesgo más de 400 puestos de trabajo en varios centro farmacéuticos en el Archipiélago. El abogado, Juan Manuel Fernández del Torco explica que en su momento “algunos recurrieron porque no estaban de acuerdo con la baremación y otros porque entendía que en vez de ser una orden debería ser un decreto”.
En diciembre de 2005 se dicta la Ley de Ordenación de Farmacias Canaria, se recurre al Tribunal Supremo y la sentencia sale en junio de 2009, se decreta la baremación en algunos casos y la nulidad de la disposición en otros , así todo el concurso queda anulado. “Entonces todos los que tienen farmacias no son válidos pero tampoco ninguna de las sanciones que le hayan puesto por parte de la administración”, indica del Torco.
Hasta la semana pasada no se había pedido la ejecución de la sentencia, “nos reunimos y pensamos plantear un solución y organizar una reunión con el director general de farmacias”, aunque el letrado prefiere hablar con la consejera de sanidad ya que “tiene que haber voluntad política”.
Arona, Adeje, Guia de Isora, Granadilla de Abona y Santiago del Teide, son los municipios que se van a ver afectados por el cierre, “son zonas de población fuerte”. Todas, afirma el letrado, tienen sus licencias desde 2001, “y hay que pensar en los puestos de trabajo”. Según las estadísticas hay una media de 4 empleados por farmacia, gente entre 45 y 54 años
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Comentarios
Ahora si les importa perder la licencia, que sea anulada y que tengan que cerrar... ahora por la crisis es un problema, por el drama social que significa mandar a la gente al paro… entonces este sector no ha sido nunca un mafia…, un coto de caza cerrado…. y elitistas….En su momento darse tortas con quien ponía un botiquín y una parafarmacia o meterle la policía e inspecciones de trabajo y de sanidad si era cumplir con la Ley. Pues si en su momento era ILEGAL, pues ahora TAMBIÉN LO ES.No solo es un drama para las farmacias del sur es para TODAS las farmacias de Canarias, pero al igual que las licencias de taxis son para pagar favores a nivel local, en este caso había que pagar muchos favores a nivel autonómico, eso sí como lo van a hacer ahora... pues sacaran de la chistera una MORATORIA farmacéutica, o buscaran un periodo de GRACIA que haga que se quiten el muerto de encima los actuales responsables del gobierno de PAU.Los que si tengan la licencia si ahora se las quitan y se le ocurre denunciar… tras el proceso… pues sacaran tajada del ejecutivo autonómico, pero para el 2018 cuando sea presidenta de Canarias “ANA OBAMA”…jejeje un TEBETO más pero en formato aspirina y supositorio para las sufridas arcas de los contribuyentes. Por dar y luego quitar una licencia publica que no se tenían que haber metido a otorgar… SALU2 - BUSSBYS
Joaquín Marrero. No es cierto lo que afirma el Sr. Fernández del Torco cuando dice: "Hasta la semana pasada no se había pedido la ejecución de la sentencia". Está tan mal informado que como siga así los patinazos serán cada vez mayores. Pobre defensa la de los afectados en manos de una persona tan mal informada del caso cuya defensa se les ha encomentado.
Fernández del Torco olvida que en nada afecta la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias del 2005 al presente caso. Aquí los hechos y todos los efectos de la sentencia se refieren al año 2001 cuando se publicó el baremo anulado por el Tribunal Supremo.
Del Torco estás muy mal informado cuando dices: "algunos recurrieron porque entendía que en vez de ser una orden debería ser un decreto". Ni mucho menos, no sé de dónde has sacado esta particular versión de los hechos. Algunos recurrieron porque consideraron que el Consejero carecía de competencia para fijar el baremo que, por supuesto, no es lo mismo que lo que estás afirmando. Recuerda que la sentencia de 30.06.09 predica: "... en el caso de la profesión farmacéutica, el conseguir una oficina de farmacia constituye para el Licenciado en Farmacia el caso típico del ejercicio de la profesión. De ahí que el baremo de méritos para desempeñar esta profesión no pueda ser regulado por Orden de un Consejero. Dudoso es, incluso que lo pueda ser por Decreto". Cuándo hables en público debes precisar lo que dices y no ser ambiguo.
Es difícilmente sostenible que la Administración alegue el "imposible cumplimiento" y menos aún que la Sala lo acepte. En 8 ocasiones se le pidió a la Sala la suspensión cautelar de la Orden de 17 de julio de 2001, hoy anulada, y consideró la inexistencia de un fumus de tal intensidad que aconsejara dicha suspensión.
MUTISMO ABSOLUTO. Existe otra sentencia de la que nadie habla, tampoco Del Torco, a pesar de ser una de las más interesantes, dictada exactamente un año antes que la de 30 de junio de 2009. Me refiero a la STS de 30 de junio de 2008 (recurso de casación núm. 4080/2005), que desestima el recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la STSJC de 10.09.04 (recurso núm. 1283/2001). El silencio respecto a esta sentencia constituye un auténtico misterio sobre todo si tenemos en cuenta que en esta ocasión el Tribunal sí entró a analizar el fondo del baremo y declaró la nulidad de pleno derecho de la Disp. Adic. 1ª que sólo baremaba los 10 últimos años de ejercicio profesional. ¿Sabe alquien si se ha ejecutado dicha sentencia?
ACLARANDO IDEAS. En el presente caso, a mi juicio, la solución consiste en reparar las injusticias que se cometieron con los recurrentes en el año 2001, con la respuesta que contenga la Ley. No hay otra forma. Una vez instada la ejecución forzosa huelga cualquier pacto. Los Tribunales no negocian con nadie, únicamente proponen una avenencia a las partes. La llamada "voluntad política" propuesta por Del Torco no va más allá del principio de buena fe procesal, ni menos aún puede constituir un sistema paralelo de ejecución forzosa al margen de la Ley. En el proceso de ejecución cuando la Sala le conceda audiencia, para ser oídas, tanto a la representación procesal del Gobierno de Canarias, como a las restantes partes, éstas se pueden allanar con una solución satisfactoria para todos. En tal caso, se trata de una cesión de pretensiones, no una negociación entre partes.
¿Qué papel desempeña Del Torco en el presente caso?, ¿Hasta dónde puede llegar?, ¿Cuáles son sus límites?. No se olvide que el asunto está en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ante la que se ha instado el proceso de ejecución forzosa, del que Del Torco no es parte ni ninguno de sus representados. Como ha expuesto otro comentarista Del Torco, ni nadie puede negociar con la Sala, ni tampoco su intervención en este asunto puede consistir en un proceso de ejecución paralela al margen de la Ley. Fernández del Torco es Presidente de un Partido Político. Cualquier ciudadano responsable y respetuoso con la Justicia se plantea los siguientes interrogantes: ¿Está politizando este asunto el Sr. Del Torco?, ¿Con qué propósito?. Por favor, Sr. Del Torco deje trabajar a los Tribunales, respete sus pronunciamientos. En el presente caso, que se encuentra "sub judice", cuando Vd. afirma: "tiene que haber voluntad política" está traspasando los límites fronterizos del respeto a la independencia judicial. Los jueces y magistrados -como Vd. sabe MUY BIEN, por su condición de Magistrado en situación de excedencia- están sometidos únicamente al imperio de la Ley (art. 117.1 de la Constitución). Convendrá conmigo en que nadie tiene derecho a pertubar el trabajo ni la independencia del Poder Judicial. Infórmese bien de este asunto, no cometa errores ni despropósitos ante la opinión pública e informe con veracidad a sus representados quiénes están muy preocupados por la ejecución de las cinco sentencias que se han dictado sobre este asunto, en cuyo proceso de ejecución pueden perder sus farmacias. Esta preocupación de sus representados constituye una gran responsabilidad para Vd. y tengo la absoluta seguridad de que Vd. -con las armas de la Ley- tiene cabal conciencia de hasta dónde puede llegar y cuáles son sus límites en el presente caso. ¿Son igualmente conscientes sus representados?.
A Del Torco le gusta mucho el protagonismo; es Presidente de un Partido Político y, a todos los políticos, les gusta ser "populares". Este "café con leche" entre Magistrado, en situación de excedencia voluntaria, Ex Presidente y letrado del Consejo Consultivo de Canarias y abogado en ejercicio puede resultar más claro o más ocuro ¡ARROJE ALGUNA LUZ SR.DE TORCO.
Un magistrado, aunque no ejerza, metido a político o un político metido a magistrado. ¡Qué más da! Un político que fue funcionario (o quizá lo siga siéndolo sin ejercicio) conoce los entresijos de la Administración que, según su idea política "no funciona". Ahora que conoce, desde la barrera, el mal funcionamiento de la Administración no trabaja para mejorarla o cambiarla, sino para ganar dinero como Abogado en un caso con clientes desesperados. POLÍTICA Y DERECHO forman un matrimonio de intereses mal avenido. Y luego nos quejamos de tando DIVORCIO.
Del Torco se está desacreditando asimismo en este asunto. Por el camino que va perderá toda credibilidad ante la opinión pública. Él sabe o debe saber, desde una posición altamente privilegiada por su condición de Magistrado, aunque esté en excedencia, que este caso se encuentra "sub judice", quiere esto decir, en términos coloquiales, que hay que respetar el trabajo de los jueces. Huelga hablar, como hace Del Torco, de "voluntad política" en un asunto que está "sub judice". Tampoco puede ignorar que el Tribunal Supreno anuló la resolución que convocó el concurso, ni que las bases de la convocatoria son la llamada "Ley del Concurso", por lo que las 86 farmacias están, hoy por hoy, FUERA DE LA LEY. En suma, hablar de "voluntad política" es un asunto "sub judice" constituye un argumento demencial y disparatado. PROTAGONISMO IRRESPONSABLE SR.DEL TORCO.
