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Tenerife 18 de Noviembre de 2008
El Gobierno de Canarias no tiene política frente
Izquierda Unida Canaria, IUC, considera “ridículas” las medidas del Gobierno de Canarias contra la crisis económica y, además, algunas de ellas no estarán plenamente en vigor hasta dentro de unos años. La formación de izquierdas, se refiere a la rebaja de 8.3 euros mensuales, en el IRPF, para compensar la subida de las hipotecas, o a la disminución del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en ciertos casos y para determinados contribuyentes, al pasar los tipos reducidos del 6% al 4% y del 0.5% al 0.4%.
Asimismo, añade IUC, se eleva en 15.000 euros el mínimo exento del Impuesto de Patrimonio, cada año y hasta 2012. Se reduce el impuesto del gasóleo profesional a los sectores del transporte, la agricultura y la pesca, en sólo un 7.5% al año, precisamente cuando algunos de esos sectores sí necesitan una bajada muy intensa del impuesto. Además, el Gobierno canario añade medidas genéricas, como si fueran contra la crisis, pese a que ya estaban previstas. Es el caso de la transposición de la directiva de servicios, la reducción de tasas portuarias, la simplificación de procedimientos administrativos y la potenciación de obra pública.
El Gobierno de Canarias no sólo no tiene política contra la crisis, sino que su política de los últimos años nos deja más indefensos ante ella. Hoy tenemos menos recursos por la reducción del tramo autonómico del IRPF, o por los 2.000 millones de euros de impuestos no cobrados, pendientes de materializar en la RIC.
IUC propugna, para afrontar la crisis, la recuperación de la capacidad fiscal aludida. La formación de izquierdas, plantea la necesidad de elaborar un plan de expansión del transporte público, financiado con recursos para infraestructuras innecesarias, que no debieran construirse. Además, habría que crear empleo público en sectores de protección social, recolocar desempleados del sector de la construcción, apostar por empresas públicas para explotar energías renovables, potenciar el sector primario, transponer la directiva de servicios del modo más favorable a las pymes y exigir al Gobierno central que aumente, en vez de reducir, la financiación a las administraciones locales.
