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Izquierda Unida Canaria (IUC) aboga por una Ley de Comercio para Canarias que limite al máximo la implantación de más grandes superficies comerciales. La formación de izquierdas, señala que la mayoría de los 136.000 empleos canarios del sector comercio se hallan en las pymes y que, asimismo, el borrador de la Ley de Comercio, que prepara el Gobierno de Canarias, facilitará la instalación de más grandes superficies y provocará la desaparición de otras muchas empresas.
La Ley 10/2003 de Canarias afirma que la “implantación de numerosos centros comerciales [...] ha provocado efectos negativos en la estructura comercial de Canarias, entre ellos la desaparición de numerosos pequeños y medianos comerciantes”. Canarias es la cuarta comunidad autónoma con más porcentaje de superficie de centros comerciales sobre el total dedicado al comercio minorista. Esto, a pesar de los documentos oficiales que critican los centros comerciales por aumentar los desplazamientos en vehículo privado, crear más necesidad de infraestructura viaria e incrementar gastos de mantenimiento.
La Confederación de Pymes del Comercio ha denunciado la desaparición de decenas de miles de empleos a causa de la implantación de grandes superficies. Por su parte, añade IUC, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), ha denunciado que “tres empresas ponen el precio del 50% de los productos” de los agricultores, “lo que supone un abuso de su posición de dominio del mercado”. IUC denuncia que las grandes superficies y su gran poder de compra debilitan la agricultura canaria y aceleran la desaparición del sector. La formación de izquierdas recuerda que estamos padeciendo las políticas económicas incluidas en la Constitución Europea, que se votó favorablemente en España.
IUC apoya las medidas propuestas en el dictamen elaborado por el economista José Luis Rivero, a petición de Fedeco. En él se argumenta la posibilidad de impedir una liberalización del comercio, letal para las pymes canarias, al aplicar la Directiva 2006/123/CE, de liberalización de servicios. IUC considera que, sin una fuerte campaña en contra, el Gobierno de Canarias seguirá perjudicando a las pymes y a los agricultores y apoyando a las grandes empresas de distribución comercial.
