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Canarias 14 de Marzo de 2009
IUC apoya la huelga de enseñanza del 17 de marzo
"Se está descualificando a la juventud canaria y reduciendo sus oportunidades laborales"
Izquierda Unida Canaria (IUC) hace público su apoyo a la huelga convocada en la enseñanza no universitaria, por el sindicato Enseñantes Asamblearios (EA), para el próximo martes día 17 de marzo. La formación de izquierdas ve justas las reivindicaciones sindicales que movilizarán al profesorado para exigir, a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, un diálogo conducente aplicar la homologación reconocida por el Parlamento regional en 1991. Asimismo, los huelguistas exigirán un compromiso de la administración con la mejora de la enseñanza pública y propondrán medidas tales como reducir las ratios de alumnos por aula, generalizar la educación infantil pública de cero a tres años y dotar de recursos humanos adecuados los deficientes servicios de atención a la diversidad. Son medidas creadoras de empleo sostenible, equidad y calidad de vida.
IUC expresa su preocupación por el hecho de que se esté reduciendo el porcentaje de jóvenes canarios de más de veinte años con la titulación de bachillerato superior. La formación progresista señala que tal descualificación de la juventud condena a miles de canarios y canarias a empleos de bajos salarios y al deterioro de sus condiciones de vida. Para IUC, es dramático el hecho de que la Consejería de Educación no esté cubriendo muchas bajas por enfermedad y que pretenda hacer pasar como medida de calidad el dedicar a una parte del profesorado a cuidar alumnos, antes o después del horario de clase, lo cual es una función que resta tiempo a la preparación de la actividad docente y que corresponde a otra categoría laboral.
Por último, IUC denuncia que los inspectores de la Consejería de Educación están recorriendo institutos exigiendo al profesorado que aumente la tasa de aprobados. No se pretende mejorar la calidad del sistema sino, simplemente, perpetrar un timo estadístico consistente en mejorar la tasa de aprobados, sin cambiar absolutamente nada. Es decir, se trata de una deliberada política de bajar el nivel educativo, en una comunidad autónoma con un nivel educativo excepcionalmente bajo, que se halla en una España que, según el Informe PISA, está a la cola de los países desarrollados en calidad educativa.
