Para que pueda ser publicado su comentario, por favor escriba un nombre de autor
Página
principal
Canarias 9 de Febrero de 2009
IUC acusa a los gobernantes canarios de causar estragos contra las arcas públicas por valor de 243 millones de euros
Izquierda Unida Canaria (IUC) acusa a los gobernantes de Canarias, en particular a los de CC y PP, de haber provocado que los ciudadanos paguemos 243 millones de euros, más de 40.000 millones de las antiguas pesetas, a cambio de nada de nada. Los gobiernos de CC y PP dejan una bancarrota ética apabullante y serían merecedores de oro olímpico, por lo competitivos que se han mostrado, en la modalidad de ineptitud.
IUC señala que no hacer nada de nada en la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, nos ha costado 41.5 millones de euros a los canarios. Conceder y retirar derechos de explotación minera, en la cercana montaña de Tebeto, ha hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condene al Gobierno regional a pagar una indemnización de 92 millones de euros.
La formación de izquierdas, se refiere también a otras dos sentencias que obligan al ejecutivo autonómico a pagar a la empresa Lopesán sendas indemnizaciones de 50 y 45 millones de euros, a causa del bloqueo de derechos edificatorios provocado por la moratoria turística.
Asimismo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, prosigue IUC, tendrá que abonar 58.5 millones de euros, por las expropiaciones mal hechas y por la vulneración de la legalidad urbanística, durante las dos últimas décadas. A ello se añade el "Caso Canódromo", que consistió en la entrega de dos parcelas municipales, tasadas en 5.5 millones de euros, que fueron rápidamente vendidas en 14.5 millones. O sea, las arcas municipales habrían renunciado a 9 millones de euros.
IUC señala que otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena a las administraciones canarias al pago de 6.7 millones de euros por reducir la edificabilidad prevista en Lanzarote. Y, en Santa Cruz de Tenerife, el alcalde se opone a que dos empresarios devuelvan a las arcas públicas unos 33 millones de euros que cobraron de más en el caso Las Teresitas, según sentencia firme del Tribunal Supremo.
Por último, aparte de los casos señalados, también están los pagos que habrá que hacer a la cadena de tiendas Lidl, al denegársele cuatro licencias con un decreto "arbitrario", según sentencia del TSJC. Un caso éste, igual a otro que se produjo en Lanzarote y que comporta indemnización. A todo esto se añade la indemnización a los propietarios de los inmuebles ocupados por la ampliación del Parlamento de Canarias, otro acto ilegal que explica que el poeta Pedro Lezcano definiera a ese Parlamento como la cámara más baja de la democracia.
IUC afirma que la ineptitud multimillonaria de los gobernantes canarios socava la calidad de vida de una ciudadanía, cuyo dinero es gastado en compensar a gente muy adinerada, a cambio de absolutamente nada. La formación de izquierdas señala que la crisis será más dura para los canarios, no sólo por carecer del dinero dilapidado, sino también por la baja calidad de las decisiones tomadas por políticos tan bien pagados como ineptos.
