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Tenerife 17 de Febrero de 2009
En la actualidad hay puesta en marcha una campaña del Gobierno de Canarias, en la que se "informa" de la Ley de Dependencia, y de la atención que las instituciones de la Comunidad Canaria dan a las Personas Dependientes. Dentro de esta campaña se emite un anuncio que dice, entre otras cosas, que dicha ley, que es de ámbito nacional, obliga a esperar a las personas con menor grado de minusvalía, con la Enfermedad de Alzeimer en sus estadios menos avanzados, o a los más jóvenes, antes de poder disfrutar de las ayudas a las que tienen derecho.
Este es otro ejemplo más de cómo el actual Gobierno de Canarias, hace un uso partidista y desvergonzado de los fondos públicos, para hacer campaña sobre los temas que le conviene, y de la forma que le conviene. No olvidemos aquella campaña publicitaria, también con el sello del Gobierno de Canarias, y la foto de los principales cabecillas de CC (Ana Oramas, por ejemplo), que decía algo así como: “Nuestra Tierra”; que aunque explícitamente no vinculaba a CC con el Gobierno de Canarias, sí lo hacía implícitamente.
En este caso, nuestros políticos hacen uso de dinero público para hacer una campaña de publicidad (en consonancia con ese pensamiento político, según el cual todos los problemas se resuelven con una campaña de publicidad), supuestamente para dar a conocer las ayudas que el Gobierno de Canarias ofrece a las Personas Dependientes, pero que en realidad es un puñetazo en el ojo del Gobierno de España, ya que arremete contra la Ley de Dependencia, y contra el Gobierno de la nación, vendiendo la idea de que la ley es mala porque la hicieron en Madrid, y que las ayudas que disfrutan estas personas se deben a la generosidad de nuestros más autóctonos gobernantes.
Se pasan por alto el hecho de que aunque la ley es de ámbito estatal, su aplicación corresponde a las comunidades autónomas, y en la de Canarias, su aplicación ha sido desastrosa. Sólo hay que recordarles la manifestación de personas dependiente, y familiar, que se llevó a cabo, no hace mucho, frente a la sede de Presidencia de Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, reclamando la aplicación de esta ley. También se pasan por alto el hecho de que la "obligada espera" a la que se hace referencia, para los más válidos de los minusválidos, no es otra cosa que una lista de prioridades, de manera que la gente que tiene mayor grado dependencia sea atendida antes, por razones obvias, pero que si se ponen los fondos y los medios (tanto políticos, como materiales y personales), esta gente no tendrá que esperar "tanto". Y por último, también se pasan por alto el hecho de que es la falta de diligencia y premura del Gobierno de Canarias la que ha retrasado sine die las valoraciones del grado de dependencia de cada uno de los afectados, y que son necesarias para conseguir las correspondientes ayudas.
A pesar de los fallos que pueda acarrear, y de ser susceptible de mejoras, es una Ley justa y necesaria; y es una de esas cosas que no se pueden echar en cara al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si bien su aplicación ha sido irregular, y hay muchos puntos mejorables en la misma (precisamente la irregular aplicación de esta ley es su aspecto más desfavorable), también es cierto que va a representar una gran ayuda para todas aquellas personas afectadas por una merma de sus capacidades físicas y mentales, y sobre todo para sus familias. La gente afectada por la Ley de Dependencia padece, muy a su pesar, una situación que en el mejor de los casos se puede calificar como de malísima. Por diversas circunstancias, ya sea por enfermedad o accidente, sufren una disminución de sus capacidades tanto físicas como psicológicas, y deben convivir con ellas, algunas veces de forma permanente, otras de forma degenerativa, y siempre afectando la vida familiar. Requieren una serie de cuidados (unos más que otros, pero siempre está ahí), y esta situación les hace depender de otras persona para estos cuidados. Su situación no es cuestión baladí, y sus necesidades no son mero capricho. Hagan todos un esfuerzo de imaginación, e intenten ponerse en la situación de algunas de estas personas, desde los que tiene un menor grado de dependencia, hasta los que más; consideren cómo sería su vida si les tuvieran que vestir todos los días...
La situación de estos ciudadanos es lo suficientemente grave como para que nuestros dirigentes tengan la poca vergüenza que hace falta para no hacer política con ellos, ni a costa de ellos. Simple y llanamente hay que ofrecerles toda la ayuda que sea posible ofrecerles, con rigor y diligencia, y procurándoles el menor número de molestias posibles, especialmente las que vienen de cuestiones políticas y partidistas, de esas que provocan vergüenza ajena, porque se valen del sufrimiento de otros para obtener rédito político. El servicio a estas personas debe ser eficaz, y mantenerse en esa situación, así como las ayudas a las que tienen derecho. Ese es un saco en el que nadie debe meter la mano, ese es un asunto con el que nadie debe jugar, ese es un campo en el que nadie debe librar ninguna batalla, esa es una cuestión que nadie debe poner en duda.
Hay políticas que deben ser cuestión de estado, y que deben permanecer, independientemente de quién esté gobernando, el signo de su partido, o los colores de la oposición y de los aliados. Ésta es una de ellas: es necesario hacer un Pacto de Estado, de tal manera que se respete la Ley de Dependencia, en todas la comunidades, con independencia del gobierno que mande en ese momento; y si los políticos de turno quieren sacarse los ojos unos a otros, que lo hagan con otra excusa. Que no vuelva a ocurrir que la vida de los dependientes dependa de los que mandan.
