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Canarias 26 de Enero de 2009
Unas 25 entidades y colectivos presentan alegaciones para la mejora del borrador de la futura normativa comercial
La Dirección General de Comercio estudia ya el contenido de estas sugerencias para incorporar las mejoras posibles al texto que elevará al Consejo de Gobierno como propuesta para la adaptación a los nuevos criterios europeos.
La Consejería de Empleo, Industria y Comercio ha recibido alegaciones de 25 entidades, instituciones y colectivos económicos y sociales con propuestas para la mejora del borrador de regulación comercial para Canarias. El plazo para registrar estas propuestas terminó el pasado 20 de febrero, día en el que la mayoría de los colectivos y entidades que han querido participar en este proceso, utilizaron para presentar sus alegaciones.
El Gobierno canario inició esta fase de participación en el proceso de elaboración de la ley con espíritu constructivo. Ahora, la Dirección General de Comercio trabaja en el análisis de todas estas sugerencias con el objetivo de recoger en la redacción del anteproyecto de ley aquéllas que puedan mejorar el texto y que resulten coherentes con el marco legislativo impuesto por la Unión Europea en la Directiva que regula los Servicios en el Mercado Interior, la legislación estatal y las necesidades reales de la economía y la sociedad canaria.
El director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Arturo Cabrera, expresó su satisfacción por el elevado número de sugerencias tramitados. En el proceso han participado, sindicatos, patronales, administraciones locales y hasta alguna comunidad de propietarios y grupos empresariales particulares.
Cabrera espera contar en las próximas semanas con la propuesta mejorada por las sugerencias para continuar así la tramitación burocrática de lo que será el anteproyecto de ley que servirá para adaptar la normativa comercial vigente a los nuevos criterios impuestos por la Unión Europea para regular esta actividad económica, recogidos en la Directiva que Regula los Servicios en el Mercado Interior.
La adaptación de la normativa comercial debe estar aprobada por el Parlamento de Canarias antes del 28 de diciembre de 2009, plazo establecido por la propia Unión Europea. De no cumplirse este requisito temporal, las instituciones comunitarias sancionarán al Gobierno de España, que tiene la intención de saldar el importe de las sanciones aplicando las mismas a los fondos públicos transferidos desde el Estado a aquéllas comunidades autónomas que incumplan con los plazos o que no se ajusten correctamente a los criterios recogidos en la Directiva de Servicios.
Las especiales características territoriales y medioambientales de Canarias constituyen el principal argumento que esgrime el Gobierno canario en su propuesta para atemperar la aplicación de los criterios establecidos para el subsector de comercio en la Directiva de Servicios. Eso sí, esta modulación se aplica en la propuesta de texto articulado elaborada por el Gobierno canario respetando los propios límites recogidos en la norma comunitaria. De este modo, el territorio y el medio ambiente se convertirán con la nueva normativa en los dos ejes sobre los que pivotará el sistema de autorización pública para las instalaciones comerciales en Canarias.
La Dirección General de Comercio ha elaborado una propuesta de texto articulado que va más allá de la mera adaptación de la Ley de Licencias Comerciales Específicas de 2003 al nuevo Derecho Comunitario. El borrador incluye también la regulación del funcionamiento de las ferias en Canarias y modifica puntualmente aspectos del a Ley de Horarios Comerciales, dotando de un texto legislativo de referencia al ordenamiento jurídico en Canarias respecto al ámbito comercial.
