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Canarias 11 de Diciembre de 2009
“Para Educación, saltarse la ley es hacer
la ley”, según IUC
El partido ha recibido reiterados testimonios sobre denegaciones verbales de permisos de lactancia y de paternidad, cuando el nacimiento se produjo en vacaciones.
Izquierda Unida Canaria (IUC) expresa su preocupación por el ataque a los derechos laborales que se está produciendo en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. En concreto, IUC ha recibido reiterados testimonios sobre denegaciones verbales de permisos de lactancia y de paternidad, cuando el nacimiento se produjo en vacaciones. Se trata de prácticas que se saltan la ley y que, al normalizarse, actúan como legislación de facto.
IUC advierte que se trata de algo muy difícil de demostrar, precisamente porque no hay respuesta por escrito de Educación. Y la mayor parte de los afectados suelen perder el disfrute de sus derechos por desconocerlos, o por evitarse problemas. A IUC le consta que se ha expedientado a una profesora por tomarse el permiso de lactancia después de que Educación no respondiera a sus escritos. Asimismo, IUC ha sido informada de las presiones a personas con una baja larga para darse de alta durante las Navidades. El efecto sería no pagar las vacaciones al profesorado sustituto. Una vez más, quienes tienen la información exacta no la facilitan y no la van a facilitar.
Por último, IUC señala que la crisis es el pretexto que los gobernantes canarios estaban esperando para dar un mazazo a los derechos laborales en el sector público, algo que más tarde repercutirá en el privado. El profesorado sustituto e interino ya no cobrará vacaciones el próximo verano y quienes enfermen de cáncer verán su sueldo reducido a partir del tercer mes.
IUC concluye destacando que el presidente Paulino Rivero dice trabajar por las personas cuyos derechos laborales y sanitarios recorta, igual que se hace fotos promocionales arando mientras el sector primario se reduce a niveles testimoniales. Y, mientras los jóvenes ubicados en barrios con nivel sociocultural deprimido no podrán pedir indemnizaciones por las desventajas educativas vitalicias que les impone el Gobierno de Rivero, algunos empresarios sí aspiran a suculentas indemnizaciones públicas por la gestión megadeficiente de Coalición Canaria y el Partido Popular y, en particular, la de su vicepresidente que, como presidente del Cabildo grancanario, no desarrolló adecuadamente el planeamiento, y ahora los empresarios piden más de 800 millones de euros a las arcas públicas en indemnizaciones por la segunda moratoria.
