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Tenerife 11 de Diciembre de 2009
El Cabildo convoca a los ayuntamientos para impulsar la implantación de la administración electrónica
El Plan de Modernización Continua celebra hoy una jornada para analizar estrategias y compartir experiencias ante el cumplimiento gradual de la Ley de Acceso Electrónico.
El Cabildo, a través del Plan de Modernización Continua (PMC), convoca hoy viernes a los alcaldes, concejales e informáticos municipales de los ayuntamientos tinerfeños a un encuentro para analizar estrategias y compartir experiencias entre administraciones de cara al cumplimiento progresivo de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Desde que entrara en vigor dicha ley, el Cabildo tinerfeño, a través del PMC, ha puesto en marcha un plan de formación específico sobre esta norma dirigido a cientos de funcionarios municipales a fin de sentar las bases de la administración electrónica en Tenerife y posibilitar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con su ayuntamiento por medios electrónicos.
Respecto a su cumplimiento, la Ley recoge que en el ámbito de las comunidades autónomas los derechos reconocidos podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009, pero “siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”, una situación en la que se encuentran gran parte de las administraciones autonómicas y locales, que además tienen que afrontar la complejidad que conlleva implantar este sistema.
En esta coyuntura, en la jornada que se celebra mañana se analizarán las buenas prácticas desarrolladas sobre administración electrónica en Tenerife a fin de facilitar su implantación gradual en 2010, que es el objetivo del Cabildo.
En concreto, en la primera parte de la I Jornada de Buenas Prácticas de la Administración Local en Tenerife, dirigida a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos tinerfeños, tres instituciones (Audiencia de Cuentas, Gobierno de Canarias y Cabildo Insular) expondrán sus experiencias y conocimientos en la implantación de la denominada e-administración. Previamente, la consejera insular de Planificación abrirá el encuentro para mostrar la apuesta del Cabildo por la innovación en la modernización continua de la administración local en Tenerife y el plan de formación específico en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico dirigido al personal habilitado y de nuevas tecnologías. A su término, el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina, ofrecerá a los asistentes los indicadores de fiscalización en materia de e-administración.
El Gobierno de Canarias estará representado por su director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Tomás Ríos Rull, quien pondrá sobre la mesa el programa de incentivos impulsado por el Ejecutivo canario para la promoción del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las administraciones locales canarias.
A continuación, tres jefes de servicio del Cabildo tinerfeño: el secretario general del Pleno, José Antonio Duque; la jefa del Servicio Administrativo de Presidencia Informática y Comunicaciones, Luz Acosta; y el jefe del Servicio Técnico de Sistemas de Información Geográfica y Análisis Territorial, Antonio Hernández, expondrán la estrategia de la corporación insular para implantar la administración electrónica y la dificultad existente en el cumplimiento de los plazos.
El segundo bloque de este encuentro, dirigido al personal habilitado y de informática de los ayuntamientos, servirá para subrayar la importancia de la coordinación de funciones en el proceso de diseño, planificación, sensibilización y puesta en marcha de los nuevos canales de comunicación contemplados en la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico. Al efecto, se expondrá la experiencia de dos ayuntamientos de Tenerife, Adeje y La Laguna.
Los derechos ciudadanos en la ‘e-administración’
La Ley 11/2007 reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.
Además, los ciudadanos tienen, en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, y según la citada Ley, otros derechos como conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado y a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas, entre otros derechos.
